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Photo: Norma Garcia-Lopez

Governor Cooper: 

In April of 2020, a letter was sent to you from the North Carolina Farmworker Advocacy Network (NCFAN), which is a coalition of organizations working to improve the living and working conditions of agricultural workers. In this letter, you were asked to use the power of your office to issue an executive order that would help to protect agricultural workers during the pandemic. In particular, NCFAN requested that you instruct agribusinesses to:

• Provide migrant farmworkers with access to healthcare services and other resources.

• Ensure migrant agricultural workers are not put at risk in their employer-provided housing.

• Ensure agricultural workers are able to protect themselves from exposure while working.

• Protect workers from retaliation who get sick.

• Ensure H-2A farmworkers are able to enroll in the Affordable Care Act (ACA), ensure Spanish interpretation for health information, and provide adequate personal protective equipment (PPE) for healthcare workers serving agricultural workers.

These are not onerous requirements. As NCFAN has pointed out, you previously publicly committed to issuing this order, as reported in the News and Observer on August 14, 2020.   Comparable orders have been issued in Michigan and Wisconsin. In fact, in 2016, long before the pandemic, both Attorney General Josh Stein and yourself told the NC Latino Congress that, once in office, you would work toward “improving the state’s ability to provide culturally and linguistically appropriate health and human services to North Carolina’s growing Spanish-speaking community.” 

However, upon signs of resistance from the NC Department of Labor and Department of Agriculture, you quickly rescinded the commitment to the executive order. Both of the heads of these offices are Republicans, and both are themselves committed to protecting business (including large farmers and agribusiness) from any legal responsibility to protect workers beyond the bare minimum dictated by law. Since Republican legislators have spent the last decade reducing that responsibility, your office had an opportunity to begin to reverse the damage of laws created to benefit employers over employees. It should have been an easy decision to inform commissioners Berry and Troxler that their resistance to your order was not in line with the needs of the farmworkers in North Carolina, and that your administration, and the attorney general’s office, was quite prepared to enforce this order. As has been pointed out by NC Justice Center, in an article in the Greensboro News and Record on September 10, 2020, many businesses would have complied with your order regardless of the positions of the commissioners.  

The failure to issue the order is a betrayal of North Carolina farmworkers, and it calls into question your intent to govern on behalf of all inhabitants of the state. Farmworkers, with or without visas or other documentation, are used by agribusiness to make profits. COVID-19 disproportionately affects people in black and Hispanic communities. For Berry and Troxler, despite the high-sounding rhetoric, these people are disposable, whereas the profits of agribusiness are indispensable. We must ask, which position will you take Governor? Will it be people or profit? Health or illness?  Empathy or indifference? The people expect better. 

North Carolina Green Party Coordinating Committee

Foto: Norma Garcia-Lopez

NCGP al gobernador Cooper: La seguridad de los trabajadores agrícolas durante la pandemia es más importante que las ganancias 

Gobernador Cooper:

 En abril de este año, se le envió una carta de «North Carolina Farmworker Advocacy Network» (NCFAN), que es una coalición de organizaciones que trabajan para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores agrícolas. En esta carta, se le pidió que usara el poder de su oficina para emitir una orden ejecutiva que ayudaría a proteger a los trabajadores agrícolas durante la pandemia. En particular, NCFAN solicitó que le instruya a las agroindustrias a:

• Brindar a los trabajadores agrícolas migrantes acceso a servicios de atención médica y otros recursos.

• Garantizar que los trabajadores agrícolas migrantes no corran riesgo en las viviendas que les proporciona el empleador.

• Asegúrese de que los trabajadores agrícolas puedan protegerse de la exposición mientras trabajan.

• Proteger a los trabajadores que se enferman de las represalias.

• Asegurar que los trabajadores agrícolas H-2A puedan inscribirse en la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA), garantizar la interpretación en español de la información de salud y proporcionar equipo de protección personal (PPE siglas en Ingles) adecuado para los trabajadores de la salud que sirven a los trabajadores agrícolas.

Estos no son requisitos onerosos. Como ha señalado NCFAN, anteriormente se comprometió públicamente a emitir esta orden, como se informó en News and Observer el 14 de agosto de 2020. Se han emitido órdenes similares en Michigan y Wisconsin. De hecho, en 2016, mucho antes de la pandemia, tanto el Procurador General Josh Stein como usted le dijeron al Congreso Latino de Carolina del Norte que, una vez en el cargo, trabajaría para “mejorar la capacidad del estado para brindar servicios humanos y de salud cultural y lingüísticamente apropiados a la creciente comunidad hispanohablante de Carolina del Norte.”

Sin embargo, ante las indicaciones de resistencia del Departamento de Trabajo y el Departamento de Agricultura de Carolina del Norte, rápidamente dejaste a un lado el compromiso de emitir la orden ejecutiva. Ambos jefes de estas oficinas son republicanos, y ambos están comprometidos a proteger a las empresas (incluyendo los grandes agricultores y la agroindustria) de cualquier responsabilidad legal de proteger a los trabajadores más allá del mínimo estrictamente dictado por la ley. Dado que los legisladores republicanos han pasado la última década reduciendo esa responsabilidad, su oficina tuvo la oportunidad de comenzar a revertir el daño de las leyes creadas para beneficiar a los empleadores sobre los empleados. Debería haber sido una decisión fácil informar a los comisionados Berry y Troxler que su resistencia a su orden no estaba en línea con las necesidades de los trabajadores agrícolas en Carolina del Norte, y que su administración y la oficina del Fiscal General estaban bastante preparadas para hacer cumplir esta orden. Como ha señalado NC Justice Center, en un artículo de Greensboro News and Record el 10 de septiembre de 2020, muchas empresas hubieran cumplido con su orden independientemente de las posiciones de los comisionados.

El hecho de no emitir la orden es una traición a los trabajadores agrícolas de Carolina del Norte y pone en duda su intención de gobernar en nombre de todos los habitantes del estado. Los trabajadores agrícolas, con o sin visas u otra documentación, son utilizados por la agroindustria para obtener ganancias. COVID-19 afecta de manera desproporcionada a personas de comunidades negras e hispanas. Para Berry y Troxler, a pesar de la retórica altisonante, estas personas son desechables, mientras que las ganancias de la agroindustria son indispensables. Debemos preguntar, ¿qué cargo tomará como, gobernador? ¿Será gente o lucro ? ¿Salud o enfermedad? ¿Empatía o indiferencia? La gente espera algo mejor.

Comité Coordinador del Partido Verde de Carolina del Norte